La contratación pública supone alrededor de un 15% del PIB en los países OECD. La Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) promueve el uso de normas técnicas, certificación y acreditación, para definir los requisitos técnicos en los pliegos de contratación. Sin embargo, existe un gran desconocimiento sobre estas actividades, que en su conjunto se llaman “infraestructura de la calidad” (IC).
La ley (LCSP) también fomenta un uso estratégico de la contratación y favorece la inclusión de requisitos de calidad, ambientales y sociales, más allá del tradicional criterio del precio. De este modo, la contratación pública es una herramienta para apoyar la Agenda 2030, que es nuestra hoja de ruta como humanidad y se articula en 17 Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS).
Sin embargo, esta ambición de usar la contratación como herramienta estratégica para fomentar la sostenibilidad, se topa con ciertas carencias de conocimiento por parte de los profesionales, tal y como reconocen distintos informes de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon).
Esta actividad impacta en los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible: