Los aspectos relacionados con la Responsabilidad Social en la empresa están de plena actualidad. En los últimos años hemos asistido a iniciativas dirigidas a generar sistemas de arbitraje que abren nuevos escenarios de desafíos y oportunidades para el sector empresarial. Por otro lado, las administraciones públicas están exigiendo el cumplimiento de estándares sociales y medioambientales a las empresas en sus procesos de licitación para acceder a la contratación pública y a ayudas para la internacionalización. También se está supeditando el acceso a financiación multilateral al cumplimiento de estándares de RSC por parte de la empresa. Dentro del ámbito privado los distintos actores estiman que la información precisa, relevante y comparable social y medioambiental es uno de los factores determinantes para avanzar en la implantación de políticas en responsabilidad social por parte de la empresa
Si bien en las últimas décadas han proliferado iniciativas en las que participan y son impulsadas por instituciones públicas, se delega en la regulación privada la gestión de los impactos sociales y medioambientales. El Pacto Mundial de Naciones Unidas, las Líneas Directrices para Empresas Multinacionales de la OCDE o las cuatro comunicaciones de la Comisión Europea son ejemplos de la confianza en que la regulación privada eran suficientes para afrontar los desafíos que se plantean bajo el paraguas de la RSC. Sin embargo, esta posición dominante está cediendo terreno y, desde 2014, coincidiendo con la aprobación de la Directiva 95/2014 de divulgación de información no financiera e información sobre diversidad, asistimos a una incipiente legislación con disposiciones en diferentes ámbitos de la RSC. De toda la legislación existente destaca por su trascendencia la Directiva 2014/95 y su posterior revisión en 2022 y los trabajos actuales en relación con la Directiva de Diligencia Debida en Derechos Humanos y Medioambiente.
El interés cada vez mayor de los inversores en la información no financiera, junto con las limitaciones evidentes de la contabilidad convencional para valorar elementos intangibles asociados a la gestión de riesgos y oportunidades sociales y medioambientales, ha desembocado en una respuesta normativa por parte del regulador. En el caso de España la Ley 11/2018 de 28 de diciembre en materia de información no financiera y diversidad establece que las empresas de más de 250 trabajadores, deben presentar un estado de información no financiera dentro del informe de gestión consolidado que incluya la información necesaria para comprender la evolución, los resultados y la situación del grupo, y el impacto de su actividad respecto, al menos, a cuestiones medioambientales y sociales, al respeto de los derechos humanos y a la lucha contra la corrupción y el soborno, así como relativas al personal incluidas las medidas que, en su caso, se hayan adoptado para favorecer el principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, la no discriminación e inclusión de las personas con discapacidad y la accesibilidad universal. Esta información debe ser verificada por un tercero independiente y ser sometida a aprobación como punto separado del orden del día por parte de la Junta General de Accionistas. En Europa la normativa ha evolucionado hacia la Directiva 2022/2464. Esta nueva Directiva, que sustituye a las de 2014, amplia el alcance de las empresas obligadas y refuerza las obligaciones de transparencia, adoptando una perspectiva de doble materialidad y estableciendo criterios de reporte más detallados y estandarizados. En este marco, las empresas estarán obligadas a partir de 2025 a reportar información de acuerdo con las normas desarrolladas por el Grupo Consultivo Europeo en materia de Información Financiera (EFRAG).
Por otro lado, el avance legislativo en Europa para regular la responsabilidad de las empresas sobre los impactos en los derechos humanos y el medio ambiente es una realidad y se espera que antes de finalizar 2024 la Directiva de Debida Diligencia de las Empresas en materia de Sostenibilidad sea aprobada. Pese a que cada vez son más las empresas que cuentan con políticas formales de respeto de los derechos humanos, son muy pocas aquellas que llevan a cabo un proceso de identificación de riesgos ligados a su actividad, siendo este el primer paso de un proceso de debida diligencia y que será exigido por la nueva legislación.
La debida diligencia busca prevenir, mitigar y responder a las consecuencias negativas concernientes a las actividades de las empresas y a sus relaciones comerciales sobre los derechos humanos, tomando en cuenta tanto una evaluación del impacto real como del potencial. Las empresas deben realizar sus operaciones poniendo los medios necesarios para asegurar la ausencia de impactos negativos sobre los DDHH. Lo cual no es simplemente una obligación pasiva, sino que deben tomar medidas adecuadas para prevenir, mitigar y en su caso remediar, sus impactos negativos. Para ello es necesario dotar a las empresas de las herramientas necesarias y de la formación suficiente que les permitan integrar el respeto por los derechos humanos en el núcleo de decisión , identificar los aspectos de la actividad empresarial que afectan a derechos básicos, diseñar prácticas de respeto, adoptar indicadores que permitan a la empresa hacer un seguimiento y plantear un proceso de mejora continua.
La necesidad de formación en materia de empresa y derechos humanos ha sido señalada reiteradamente en distintas instancias: Plan de Acción Nacional de Empresas y Derechos Humanos (Gobierno de España, 2014) y los Principios Rectores para empresas y derechos humanos (ONU,2011) contemplan como claves las medidas que persigan formar y dotar de herramientas a las empresas para que apliquen la diligencia debida en sus operaciones. Por su parte, la propuesta de Directiva de Debida Diligencia de las Empresas en materia de Sostenibilidad indica que es necesario un apoyo accesible y práctico para que las empresas se preparen para cumplir las obligaciones
La exigencia legal de una mayor transparencia sobre los ámbitos que integran la sostenibilidad, y los requerimientos normativos en torno a la gestión de riesgos sociales y medioambientales en las cadenas de valor, requiere que las empresas cuenten con profesionales con amplios conocimientos en los distintos ámbitos de la RSC, de las principales referencias y estándares y de las tendencias actuales. Esto plantea la necesidad de profesionales formados técnicamente y familiarizados con las herramientas relacionadas con la gestión de la debida diligencia y la rendición de cuentas y con conocimientos suficientes que les permitan abordar los elementos recogidos en la normativa.
Este curso ofrece herramientas conceptuales y metodológicas para la elaboración de memorias de responsabilidad social y del Estado de Información no Financiera que plantea la Ley 11/2018 y la Directiva y la aplicación de la debida diligencia por parte de la empresa.
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Matrícula Ordinaria | Matrícula Reducida | Matrícula Superreducida | |||||||||
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Matrícula Ordinaria | Miembros de la Asociación alumniUNED | Estudiantes universitarios (UNED y resto de Universidades) | Familia numerosa general | PAS (Sede Central y Centros Asociados de la UNED), Estudiantes UNED SENIOR y mayores de 65 años | PDI de la Sede Central y Profesores-Tutores de los Centros Asociados y Colaboradores Prácticum | Personas en situación de desempleo | Especial reducida | Personas con discapacidad | Víctimas del terrorismo y Violencia de género | Familia numerosa especial | Súper reducida especial | 108 € | 63 € | 63 € | 63 € | 63 € | 63 € | 63 € | 63 € | 32 € | 32 € | 32 € | 32 € |
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Matrícula Ordinaria | Matrícula Reducida | Matrícula Superreducida | |||||||||
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Matrícula Ordinaria | Miembros de la Asociación alumniUNED | Estudiantes universitarios (UNED y resto de Universidades) | Familia numerosa general | PAS (Sede Central y Centros Asociados de la UNED), Estudiantes UNED SENIOR y mayores de 65 años | PDI de la Sede Central y Profesores-Tutores de los Centros Asociados y Colaboradores Prácticum | Personas en situación de desempleo | Especial reducida | Personas con discapacidad | Víctimas del terrorismo y Violencia de género | Familia numerosa especial | Súper reducida especial | 124 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 38 € | 38 € | 38 € | 38 € |
La matrícula comenzará a partir del 14 de mayo de 2024.
Esta actividad impacta en los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible: